• Asesoría Solicitada en Borde Costero Santo Domingo y Humedal Yali – Chile

    enero 5, 2015
  • Aspectos legales y reglamentarios
     
    Referencia: Uso del borde costero, playa Santo Domingo, Sector Río Maipo – Punta Toro.
     
    En este contexto la ley y sus disposiciones son claras y categóricas y la aplicación de esta debe ser ajustada a derecho.
     
    DIRECTEMAR es la autoridad competente en temas marítimos y de uso del borde costero.  
    Dispone de las facultades para aplicar las normativas con todas sus atribuciones y excepciones que la ley le confiere, a través de las Capitanías de Puerto del país.  
     
    Referente al tema que se convoca en este estudio, puntualizamos que actualmente existe la Orden Ministerial Numero 2, de fecha 15 de enero de 1998 que, si bien señala prohibición de tránsito vehicular en los sectores de borde costero, inserto en esa ordenanza se contemplan excepciones que la Capitanía de Puerto está facultada para manejar y que esta autoridad en uso de sus atribuciones, que la ley le confiere, es el único ente competente para ejercerlas.
     
    En este caso específico nos referimos a autorización de vehículos al borde costero entre los que se consideran; vehículos de emergencia, de aseo, de investigación, de apoyo a la pesca artesanal, pesca deportiva y toda otra actividad que la Capitanía de Puerto estime procedente autorizar.  
     
    En este momento en el Litoral Central se otorga ingreso de vehículos en casos calificados en las comunas de; Algarrobo, Santo Domingo, Litueche y Pichilemu.
     
    En el caso particular de Santo Domingo la autorización presenta una limitante que frustra el objetivo para el cual es solicitada esta autorización por Pescadores y deportistas,  dado que en el desplazamiento señalado en la referencia,  se impide al margen de interpretaciones legales, el desplazamiento 2 kilómetros antes y 2 kilómetros después de la línea de playa que pasa enfrente del estero humedal Yali, lo que impide definitivamente el acceso a los lugares de prácticas deportivas, que están ubicados en lugares que son Bienes nacionales de uso Público.  
     
    Citamos esto como una acción fuera del marco legal, ya que no hay documentación que respalde esta prohibición, dado que se efectuaron recopilaciones e indagaciones de documentación sobre el particular de 20 años a la fecha y no se encontró Decreto o documento alguno con cuerpo de ley, que justifique esta arbitraria prohibición, sobre la cual los afectados podrían estar en su legitima opción de requerir jurídicamente sus derechos.
     
    Conjuntamente, el estudio científico solicitado por los pescadores deportivos y deportistas náuticos determina categóricamente que no hay situaciones contrapuestas con el cuidado ambiental ni con transgresiones legales en este contexto.  
     
    En la honorabilidad y la buena fe que debe primar en situaciones como esta,  nuestra asesoria jurídica se inclina a pensar y deduce que esta interpretación puede haber sido producto de alguna conversación o recomendación informal que se aplicó en algún momento por alguna situación particular, de la cual reiteramos no se encuentran fundamentos escritos, pero que no se justifica por las razones expuestas mantener esta imprecisa situación,  persistir en esta prohibición constituiría un error que no puede perpetuarse en el tiempo y a lo cual no tienen por qué exponer su prestigiado accionar, Capitanía de Puerto y Directemar.
     
    Conclusión de este capítulo
     
    Independiente del marco jurídico de este capítulo, nuestra recomendación propende a obtener una sensibilización de las entidades y personas que actúan en este tema, toda vez que la causa basal del asunto, solo radica en la obtención de facilidades para prácticas deportivas y ningún otro interés.
     
    Aunando criterios y voluntades se podría conseguir acercar posiciones tendientes a obviar estas limitantes con el loable objeto de facilitar el sano esparcimiento a quienes solicitan estas franquicias, respetuosamente.
     
    En resumen, La Capitanía de Puerto es quien tiene las atribuciones y competencias legales definitivamente para este efecto.  Y quienes debieran colaborar colateralmente entre otros, podemos mencionar a organismos como CONAF que es un activo colaborador en prácticamente todos los lugares ecológicos del País, basta ver en Internet la entusiasta labor que cumplen en otras lagunas y humedales de nuestro territorio y finalmente las Municipalidades, que tienen el compromiso de bienestar con los habitantes de sus comunas.
     
    Informe preparado por la asesoría jurídica de Sociedad Científica de Chile.
    Modus Operandi: Ad Honorem, sin lucro ni intereses de ninguna índole.